Hay historias o hechos verídicos que transcurren y que a la hora de narrarlos o escribirlos, cualquier periodista se inhibe y le es difícil abstraerse de lo ocurrido. Por ejemplo, cuando lo sucedido es considerado como la violación a los derechos humanos más grande de la historia de Brasil.
Esta tragedia ocurrió el 2 de octubre de 1992 y fue conocida como la “Masacre de Carandiru”, (presidio de San Pablo) donde, tras una rebelión dentro del centro penitenciario, murieron 111 detenidos a manos de la Policía Militar del Estado de San Pablo.
Veintitrés años después de este exterminio, un tribunal paulistano dió vuelta la página, condenó a los últimos 15 policías involucrados y los castigó a 48 años de prisión por la muerte de cuatro de los reclusos.
De esta manera, finalizó la cuarta y última de las fases en que, por su complicación, se había fragmentado el proceso comenzado tiempo atrás, pero estos militares no fueron los únicos, ya que el total de los condenados llegó a 73 uniformados que cumplen sus penas.
Los hechos ocurrieron de la siguiente manera: en aquella trágica jornada, 350 efectivos de la policía militar, a las órdenes del coronel Ubiratán Guimaraes y el ex-secretario de Seguridad Pública Pedro Franco de Campos, luego de recibir el visto bueno del entonces gobernador de estado paulista, Luiz Antonio Fleury, invadieron el pabellón número 9 del mayor presidio de América Latina, Carandiru.
Este operativo tenía la difícil tarea de extinguir un motín de reclusos que se había generado por una pelea entre bandos opositores. Los actos que siguieron conforman una de las páginas más negras de la historia carcelaria mundial.
En aquella época, en el presidio habitaban 2.500 reclusos, entre ellos Sideney Sales que, como fiel testigo, manifestó que el número de víctimas es superior a lo informado por las autoridades del penal. Según el ahora pastor evangélico, quien dirige en la actualidad un centro de toxicómanos en San Pablo, los presos que no tenían familiares que reclamasen por ellos quedaron en el olvido y, según sus dichos, no serían menos de 250 el total de muertos. Solo él, ayudó a trasladar 30 de los cuerpos.
Por estas aberraciones, el Coronel Guimaraes recibió en junio de 2001, la suma de 632 años de prisión pero, pese a las evidencias y el alcance del genocidio y por ser este considerado su primer delito como militar, sus abogados recurrieron ante el Supremo Tribunal y fue eximido de prisión.
Lo indicado por el pastor y ex presidiario Sidney Sales, no sería incoherente debido a que se comprobó que los efectivos policiales realizaron más de 3.500 disparos de ametralladoras y pistolas, y se constato que la mayoría de las víctimas presentaba impactos en el tórax y en la cabeza.
La comisión que investigó los hechos, admitió que en ningún momento los militares intentaron una salida negociadora al conflicto, sino que se dedicaron a conseguir el objetivo de acabar el motín a cualquier precio yla moneda comercializadora fueron los proyectiles.
Un hecho bien curioso, fue que el coronel Guimaraes, no solo consiguió evitar la cárcel, sino que adquirió una popularidad mediática que le abrió las puertas a un nuevo mundo; el de la política. Quien lo recibió de buen modo fue el Partido Socialista Democrático y, un año después de su condena, fue electo diputado.
En febrero de 2006, la sentencia del coronel fue nuevamente revisada y anulada por errores procesales. La suerte, el destino o la buena estrella siguió acompañando al militar y, finalmente, los jueces lo eximieron de toda responsabilidad, considerando que Guimaraes cumplió órdenes.
De todas maneras, el destino o la “buena suerte”, se le terminó, porque algunos meses más tarde, el 10 de setiembre del mismo año, su cuerpo apareció con un balazo en el pecho, disparado por su amante y abogada Carla Cepollina.
Si bien no puede atribuirse este suceso al caso “Carandiru”, en el muro donde fue asesinado, aparecieron varios escritos, donde podía leerse que se había hecho justicia.
Años después, definitivamente, los tribunales retomaron las actuaciones contra los policías militares que participaron en el asalto y, después de años de permanentes retrasos debido en gran medida al conflicto de competencias entre las jurisdicción civil y militar.
Dada su complicación, el proceso se dividió en cuatro etapas. La primera de ellas, fue celebrada en el mes de abril de 2013. Allí, 23 efectivos policiales fueron condenados a 156 años de prisión por la muerte de 13 detenidos.
En la segunda etapa, desarrollada el pasado agosto, otros 25 agentes fueron condenados a 624 años cada uno por su implicación en el asesinato, aquel día, de 52 presos.
La tercera sentencia fue dictada el pasado 19 de marzo y condenó a nueve policías a penas de 96 años de prisión y a un décimo a 104 años por su participación en la muerte de otros 8 detenidos. El proceso ha finalizado ahora.
El juez Rodrigo Tellini de Aguirre, que presidió tres de las etapas del juicio, evaluó que se trata del “proceso más complejo de la jerarquía brasileña”, cuya tramitación ocupó 16.860 páginas reunidas en 75 volúmenes. «No sólo es el número de personas que perdieron la vida a causa de los hechos y no sólo es el drama vivido por las familias de las víctimas y de los agentes de policía. La complejidad de este proceso radica en el hecho de que tuvimos que esperar 22 años para obtener una respuesta del Estado a esas acciones”, destacó el magistrado.
Para muchos, las condenas representan el grado de responsabilidad que les compete a los responsables de este genocidio, otros se muestran escépticos de que los reos plasmen con las penalidades impuestas en este macro-proceso y existen críticas porque en los juicios no se incluyó a quienes ordenaron el ataque a la prisión; el Secretario de Seguridad Pedro Campòs y el entonces gobernador de estado, Luiz Antonio Fleury. También, a los altos mandos policiales que dirigieron la operación.
Desde luego que los abogados defensores de los militares condenados, recurrirán las sentencias y, en una muestra de ello, el Coronel Edson Faroro, que estaba al mando del Segundo batallón de choque cuando sucedieron los hechos, considera totalmente injustos a los fallos y afirma que la gran mayoría de los muertos fue producto del enfrentamiento entre reclusos durante el motín, causado por el dominio de la venta de drogas dentro del penal.
Esta terrible masacre del Presidio de Carandiru, es la mayor tragedia carcelaria ocurrida en Brasil, pero los problemas en otras cárceles brasileñas continúan, ya que la vulnerabilidad de los derechos humanos continua y durante el transcurso de los años 2013 y 2014, más de 340 presidiaros fueron asesinados en distintas prisiones del país. La situación está lejos de mejorar, ya que los detenidos superan las 500 mil personas, con el agravante de que la capacidad es para no más de 300 mil presos, según datos suministrados por Amnesty Internacional.
En Setiembre de 2010, la mayor penitenciaria de Brasil fue desactivada. Esa casa de detención dejó atrás innumerables historias de vida y muerte a lo largo de su existencia. Una espesa nube de polvo ocasionada por los 250 kilos de dinamita utilizados para la implosión, dieron por tierra con este sitio del horror.
Hace pocos meses la presidenta brasileña, Dilma Rouusseff, junto al Poder Judicial, dieron por cerrado este largo proceso que tardó 22 años. Para muchos familiares de las víctimas, se hizo justicia. Para los condenados, es un abuso judicial y para los sobrevivientes todavía hay mucho por hacer, ya que la pesadilla sigue latente.
Carandiru: hacinamiento, drogas, abuso de poder y 111 muertos, fue el saldo de la desidia y la connivencia de autoridades y presos.
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