El parlamento catalán aprobó la abolición de las corridas de toros a partir de 2012, en una decisión histórica que pone fin a la celebración en Cataluña a la más antigua de las fiestas populares de España.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para prohibir los

toros promovida por más de 180.000 ciudadanos a través de la Plataforma Prou (íBasta!), recibió 68 votos a favor, 55 en contra, y hubo 9 abstenciones, anunció el presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, tras la ajustada votación.

Cataluña se convierte así en la segunda comunidad autónoma de España en abolir las corridas después de que las Islas Canarias lo hicieran en 1991.

Los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de

Catalunya (ERC), la coalición ecologista de Iniciativa Per

Catalunya Verds (ICV) y EUiA (Esquerra Unida i Alterantiva)

respaldaron la iniciativa, mientras el conservador Partido Popular (PP) y de Ciutadans la rechazaron.

La clave estuvo en la libertad de voto de los parlamentarios del PSC (Partido Socialista de Catalunya), que votaron mayoritariamente en contra, y los nacionalistas de Convergencia i Unió (CiU), favorables a la prohibición.

Mientras en el interior del Parlamento los diputados

expresaban sus posturas, en el exterior decenas de personas se manifestaron para expresar tanto el rechazo como el apoyo a las corridas. Los seguidores de la tauromaquia pedían "toros sí, libertad sí", mientras los antitaurinos reclamaban el fin de la "tortura" y el trato "cruel" de los animales.

El debate entre taurinos y antitaurinos es tan viejo como el espectáculo mismo que nació en su versión moderna en el siglo XVIII, cuando se construyeron las primeras plazas de toros, el torero de a pie sustituyó al de a caballo, comenzó la cría de ganadería brava para las corridas, y se fijaron las primeras normas del "arteö de torear.

En Cataluña, donde los seguidores de la tauromaquia no son muy numerosos y se registra una pérdida de interés por esta fiesta desde hace varios años, los defensores de los derechos de los animales han encontrado apoyos suficientes en los grupos ecologistas, de izquierda y nacionalistas para tramitar la iniciativa de ley en la cámara autonómica, donde se debatió durante siete meses.

A pesar de que los diputados favorables al abolicionismo

esgrimieron argumentos éticos para apoyar la iniciativa, desde el bloque opositor se criticó a los independentistas y nacionalistas catalanes de haber politizado el debate sobre los toros convirtiéndolo en una reivindicación identitaria y expresión de "antiespañolismoö.

La decisión del Parlamento catalán supondrá el cierre a partir de enero de 2012 de la Plaza Monumental de Barcelona, la única en activo en Cataluña.

Pese a sólo estar en activo la plaza de Barcelona, en Cataluña, una de las regiones más ricas de España, esta región cuenta con tradiciones taurinas, como los "correbous" -espectáculos callejeros con toros, a los que se les prende fuego en las astas aunque no son

sacrificados- y a los que no afectaría esta iniciativa, extremo que ha servido a los defensores de la fiesta el carácter "hipócrita" de la prohibición.

Con la decisión del Parlamento de Cataluña -una de las regiones con más autogobierno-, se abre la incertidumbre sobre el futuro de las corridas en un país, donde el toreo está identificado por amplios sectores sociales como "Fiesta Nacional".

Y más allá de la abolición de las corridas de toros en Cataluña, ahora se hacen cábalas acerca también de lo que ésta podría significar de cara al futuro en otras regiones españolas en las que también se ha abierto el debate.

La plataforma de Promoción y Difusión de la Fiesta (PPDF) encargó un informe sobre el costo económico que conllevará la supresión de las corridas, que de hecho sólo afectaría a la plaza de Toros de la Monumental, propiedad de la familia Balañá, y única en activo en Cataluña.

El informe estima que prohibir las corridas de toros costará unos 300 millones de euros a la Generalitat en concepto de indemnizaciones.

Además, la Federación de entidades taurinas de Cataluña anunció que sus abogados estudiarán la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, que no requeriría de medidas cautelares, porque la abolición incluye la moratoria de 18 meses hasta enero de 2012.