Dictamen de comisión en el Senado para extender asignaciones específicas a la cultura por 50 años

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Educación y Cultura, del Senado firmó hoy dictamen para la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas destinadas al sostenimiento de actividades como las que se llevan a cabo en bibliotecas populares, el cine, la música y el teatro.

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La comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller, emitió dictamen de mayoría. La iniciativa que propone extender por 50 años los fondos de asignación específica está en condiciones de llegar al recinto.

De acuerdo con el proyecto unificado y apoyado por el bloque del Frente de Todos, el beneficio continuará «durante la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta el 31 de diciembre de 2072, lo que ocurra primero».

El beneficio servirá para financiar actividades como el cine, los servicios de comunicación audiovisual y las bibliotecas populares.

Además, será distribuido teniendo en cuenta a las diferentes jurisdicciones provinciales, priorizando a «las regiones geográficas de menor desarrollo relativo en materia de producciones culturales», según establece el dictamen impulsado por el FdT en su artículo 2°.

La ley fue sancionada originalmente en diciembre de 2017, en el marco de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, que estableció un límite temporal a las asignaciones específicas destinadas a cultura y comunicación.

El límite, si no es prorrogado por el Congreso, se vence el 31 de diciembre de este año.

Si la norma no es sancionada, los recursos dejarán de ser de «asignación específica» y volverán a ser recaudados por el Tesoro Nacional como cuentas generales.

En 1994, con la Ley de Cine, se asignó el 25 por ciento de los recursos recaudados para la producción audiovisual a través del INCAA. En 1997, en tanto, se ampliaron las asignaciones específicas al teatro; mientras que al sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 se agregó la asignación específica para Radio y Televisión Argentina, Enacom, Defensoría del Público, Fondos para la comunicación comunitaria y para la música independiente a través del Instituto Nacional de la Música (Inamu).

El titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, el peronista riojano Ricardo Guerra, recordó que «la ley 27.432 estableció asignaciones específicas para bibliotecas populares, cine y actividades audiovisuales».

«Las que son para cine y artes audiovisuales no tienen fecha de vencimiento pero las bibliotecas populares se nutren de la Ley de Premios», puntualizó.

A su turno, el radical chaqueño Víctor Zimmermann afirmó que la coalición opositora Juntos por el Cambio estaba a favor del proyecto, pero propuso prorrogar las asignaciones específicas con un plazo menor a cincuenta años.

«No hay ninguna afectación específica de cincuenta años en la Argentina», estimó.

Además, indicó: «Estamos a favor del financiamiento de la industria cultural, pero como senadores consideramos que no podemos establecer asignaciones específicas más allá de la vigencia específica de la ley, ya que no podemos garantizar los fondos».

La oficialista mendocina, Anabel Fernández Sagasti, autora de una de las iniciativas en las que se basó el dictamen, anticipó en la reunión de Comisión que el Frente de Todos iba a firmar favorablemente.

«Vamos a sostener nuestro dictamen. Eso no es cerrar la discusión. Podemos seguir charlando en el recinto. Nos comprometimos a tratarlo con celeridad. Pero estamos convencidos de que este es el dictamen», señaló Fernández Sagasti.

Sin embargo, destacó: «no es que nos cerremos a seguir dialogando el punto que planteó el senador Zimmermann».

En línea con su compañero de interbloque, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, del PRO, dijo que «una asignación específica, que se basa en un gravamen de emergencia, por cincuenta años me resulta imposible».

«Según el nuevo esquema de coparticipación, las asignaciones específicas deben ser por tiempo determinado, un plazo excepcional y determinado», sostuvo.

Por el contrario, el senador por Chaco Antonio Rodas, del FdT, valoró el dictamen impulsado por el oficialismo y reivindicó el plazo de cincuenta años, al argumentar que «se busca dar previsibilidad y poder dotar de recursos para que las distintas actividades puedan ir ordenando sus instituciones, que son llevadas adelante por personas comprometidas con su comunidad, como docentes, bibliotecarios y profesores».

Fuente: Télam