La venta de libros cayó 60% este año, dicen las editoriales
A través de la resolución 253/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo, se restableció el “cepo” al ingreso de libros e impresos del exterior que se había implementado en 2010, mediante una medida propuesta por el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. En ese entonces, se había instrumentado un régimen de certificación obligatoria para “definir los mecanismos tendientes a eliminar los peligros derivados del uso de tintas con alto contenido de plomo en productos gráficos”. En enero de 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, se había derogado esa restricción. Si bien los motivos que las autoridades dieron en 2010 y los que se dan ahora son de índole sanitaria, se presume que la resolución apunta a evitar la salida de dólares. Cuando el gobierno de Cambiemos derogó aquella norma se argumentó que se intentaba promover la pluralidad de voces y democratizar el acceso a los libros extranjeros, además de fortalecer el vínculo cultural del país con la región y el exterior.
Laresoluciónactualestablecemodificaciones a la de 2010, además de suspender la de noviembre de 2016, y afecta a “un amplio conjunto de productos, entre los que se encuentran los libros, álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear (para niños)”. Lleva la firma de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas.
Los productos alcanzados no son solo libros, sino también folletos e impresos similares, como los fascículos que llevan juguetes y otros complementos y que se comercializan en quioscos de diarios. Como los libros, estos productos están exentos del pago de IVA.
“Vuelve la norma técnica de control de tintas”, sintetizaron fuentes de la Cámara Argentina del Libro (CAL), que negaron que esta resolución hubiera sido impulsada por pedido del sector, que atraviesa una crisis preocupante. En la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP) también se desligaron de la decisión gubernamental y destacaron que nunca se había detectado nada que afectara la salud en partidas de libros importados. “Todos los tests de medición dieron ciento por ciento negativo –dice Rodolfo Reyna, titular de la CAP–. Esas pruebas demoran un par de meses y afectan la estructura de costos. Hay libros que no pueden ser reemplazados, como los de un autor extranjero publicado por una editorial extranjera”. Reyna agregó que los representantes de las cámaras se habían enterado horas antes de la publicación de la resolución y que no habían sido consultados.
Contexto complicado
“No estamos en contra de la medida; nos parece incomprensible en este contexto”, dijo. La venta de libros en 2020 cayó un 60% y en términos arancelarios la importación de libros constituye un porcentaje ínfimo del comercio exterior. “En algún punto la CAL entiende la defensa de la producción nacional, pero hoy no tiene mucho sentido esta medida porque se ha demostrado que la tinta no contiene plomo ni ningún otro metal pesado que atente contra la salud y, por otro lado, las importaciones están por el piso a causa de la pandemia”, dijo a la nacion Martín Gremmelspacher, presidente de la CAL. Según fuentes consultadas, la resolución está motorizada por la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (Faiga). Las imprentas se beneficiarían con la medida, porque las editoriales y otras empresas que comercializan productos gráficos estarían obligadas a imprimir en el país (si los derechos de contratación de títulos extranjeros, que muchas veces se da bajo la forma de coediciones, así lo habilitan). Editores, distribuidores, libreros y lectores estarían en el grupo de los perjudicados por la resolución.
La importación de libros y otros impresos se redujo de 117 millones de dólares en 2010 a poco más de 40 millones en 2015. En simultáneo, la industria editorial vivía un auge fronteras adentro porque la exportación no creció de manera significativa (un grave déficit del sector editorial argentino). A partir de 2016, la importación volvió a crecer, hasta 2019, cuando alcanzó la suma de 107 millones de dólares. Mientras tanto, la caída en la producción local se agravó. Para los consultados, no existe relación directa entre una y otra variable. Hasta julio de este año se importaron libros y otros impresos por 24 millones de dólares. “Y la mitad son publicaciones de fascículos, que no tienen nada que ver con la industria editorial”, destaca Gremmelspacher.
En la resolución consta que si no se detectan materiales perjudiciales para la salud se autorizará la importación de 500 ejemplares por mes, algo que, en un sector tan deprimido como el local, incluso parece bastante. Desde las cámaras informaron que, apenas conocieron la noticia, solicitaron una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo y su par de Cultura, Tristán Bauer.
A la hora de impulsar la medida en 2010, se había señalado que la tinta de muchas publicaciones tenía un alto contenido de plomo. Sin embargo, hasta hoy no se ha comprobado que la tinta de los libros fuera tóxica ni que ningún lector haya sufrido una “intoxicación por lectura de libros importados”.
La resolución, que ya tiene detractores y defensores a uno y otro lado de la “grieta”, comenzará a regir dentro de quince días. Los libros y las publicaciones que al momento de entrada en vigor de la medida se encuentren en tránsito están exceptuados de la norma, que según el Boletín Oficial durará un año.
Fuente: La Nación