De acuerdo con un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, al comparar los datos de 2021 con los de 2004 surge que 12 de las 24 jurisdicciones del país redujeron la participación de educación en sus presupuestos. Es decir, en 17 años la mitad de las provincias achicó la porción que representan los gastos educativos en el total distrital. En otras palabras, la educación representa un gasto cada vez menor proporcionalmente.
La ciudad de Buenos Aires y Mendoza fueron las que más redujeron la participación del gasto educativo respecto del total del presupuesto, con bajas del 8,8 y 7,3 puntos porcentuales (pp), respectivamente. En el otro extremo, Salta y Neuquén fueron las que más aumentaron esa proporción con 8,1 y 6,6 pp cada una.
“Identificar la situación de cada jurisdicción y las brechas existentes es crucial para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación de calidad en todo el territorio”, afirmó el economista Javier Curcio, uno de los autores del informe.
Por su parte, el economista y analista de datos Martín Nistal, coautor del trabajo, recordó que en 2006 se sancionó la Ley de Educación Nacional que estableció como meta gastar el 6% del producto bruto interno (PBI) en educación. “Se suponía que desde entonces teníamos que crecer. La mitad mejoró, pero la otra mitad no. Hay que hacer un doble clic en esto”, dijo.
Guillermina Tiramonti, investigadora en Flacso sobre temas educativos, agregó: “Sabemos que hay muchos problemas educativos que tienen que ver con la falta de presupuesto; por ejemplo, los problemas de infraestructura y materiales. Entonces, la importancia de cumplir la meta del 6% tiene que ver con que las provincias inviertan en educación. Sin embargo, es un tema que se necesita discutir porque no siempre más presupuesto implica mejor educación, hay que tener un plan. No tiene que ser solo llegar a la meta, sino controlar que los chicos aprendan”.
Teniendo en cuenta que las provincias son responsables del 75% del financiamiento educativo y con el objetivo de poder equiparar la meta de la ley nacional en el plano provincial, el informe propuso además analizar el gasto público jurisdiccional en educación en función de otra variable: el Valor Agregado Bruto (VAB) distrital. “Como no tenemos PBI para cada provincia, para poder reflejar la riqueza de una provincia se utiliza el VAB, que es un indicador muy parecido al PBI. Es básicamente cuántos bienes y servicios hay dentro de una provincia”, explicó Nistal.
El informe expuso que en 2021 Formosa y Catamarca fueron las jurisdicciones que más recursos públicos destinaron a la educación respecto de su VAB jurisdiccional: 13,3% y 12,2%, respectivamente. En el otro extremo, las que menos lo hicieron fueron la ciudad de Buenos Aires (1,6%) y Córdoba (3,5%). Al analizar las variaciones entre 2004 y 2021, se observa que las que más aumentaron su gasto como proporción del VAB fueron Catamarca (7,5 pp) y Misiones (5,9 pp). En el otro extremo, se encuentran la Capital (0,3 pp) y Santiago del Estero (-0,8 pp).
“Lo que pasa en términos generales es que las provincias más pobres, que son las que reciben más coparticipación, tienen mayor proporción de gasto en educación porque cuánto más rico te volvés tenés otros gastos que no son educación, pero la meta es alcanzar siempre el 6%”, dijo Nistal.
“Cada vez que se habla de inversión educativa se suele mirar al Estado nacional, pero se soslaya que la responsabilidad es de las provincias. Las caídas en distintas provincias obligan a pensar sobre el rol que tiene la educación en estas, más allá del color político de cada una. Por último, las oscilaciones (y retrocesos) muestran la dificultad de programar y sostener acciones educativas en contextos tan inestables”, sostuvo Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento educativo.
Desde el gobierno porteño cuestionaron el uso del VAB como principal indicador para evaluar el esfuerzo jurisdiccional destinado al gasto educativo ya que, según argumentan, la variable considera fondos coparticipables como parte del esfuerzo jurisdiccional cuando “no lo es”. “Las provincias que más ‘esfuerzo’ educativo hacen son en realidad dos [Formosa y Catamarca] de las tres [Formosa, La Rioja y Catamarca] que más recursos coparticipables reciben”, denunciaron.
Además, dijeron que durante el período analizado la Ciudad incorporó nuevas competencias que fueron transferidas del gobierno nacional a la jurisdicción, como el servicio de subterráneos en 2012, competencias en materia de justicia y el servicio de Seguridad en 2016. “Como consecuencia obvia de esto, los pesos relativos de todas las reparticiones se reducen. En términos reales, el presupuesto de educación entre 2007 y 2021 no solo no se redujo, sino que aumentó en un 12%”, afirmaron.
Por último, se quejaron sobre la falta de análisis sobre calidad o eficiencia del gasto en el informe.
Sobre este punto, Nistal dijo que esa es una discusión pendiente porque es muy difícil hacer esa relación. “Los resultados académicos están muy condicionados por el nivel socioeconómico de los chicos. La foto es siempre la misma: a la ciudad de Buenos Aires le va mejor y a las provincias más pobres les va peor, pero no se sabe cuánto es por el gasto realizado y cuánto porque son poblaciones socioeconómicamente diferentes”, consideró.
Desde Mendoza, el otro distrito que según informe más redujo la participación de educación en el presupuesto, Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas, respondió a LA NACION: “Al margen de los números, que a nosotros no nos da lo que dice el informe, sino un aumento de 2%, es un error pensar que por destinar más plata la educación va a ser mejor. En Mendoza muchos indicadores de educación dan mejor que el promedio nacional. Además, al informe le faltan consideraciones específicas. Por ejemplo, en Mendoza hay fondos municipales y fondos por un resarcimiento judicial que no están siendo contemplados en el análisis”.
El peso de los sueldos
El informe también indaga en cómo gasta cada provincia su presupuesto educativo. A nivel país, el 78% de los gastos en educación de los presupuestos provinciales se destinan a pagar salarios docentes y no docentes. La segunda prioridad, al menos en 2021, fueron las transferencias al sector privado (12%) que también financian planta personal en mayor o menor medida. Esto implica que el 90% de los gastos educativos se destinan a salarios.
A nivel jurisdiccional, si bien todas las jurisdicciones dedican más del 65% de sus presupuestos educativos al pago de salarios, ese porcentaje alcanza niveles máximos en Chubut (91%) y Neuquén (86%). En el otro extremo, las que destinan menor proporción del presupuesto educativo a salarios son San Luis (66%), Formosa y la ciudad de Buenos Aires (69%).
“El informe permite advertir algunos problemas comunes a las diferentes jurisdicciones, como la excesiva participación del componente salarial en los presupuestos educativos. En un país federal, con un financiamiento compartido entre la Nación y las provincias, deben plantearse mecanismos para que los esfuerzos económicos de ambos niveles de gobierno sean complementarios y no sustitutos y, asimismo, los escasos recursos se empleen de un modo que combine la eficiencia con la equidad entre estratos sociales y regiones del país”, señaló Juan Doberti, docente e investigador de la UBA.
“Es muy notoria la baja proporción de gasto destinado a la inversión en infraestructura. Aquí la desigualdad se presenta en forma solapada, dado que se gasta más en subsidiar a las escuelas de gestión privada que en infraestructura de las escuelas públicas, lo cual es posible que afecte la calidad de la prestación del servicio educativo por deficiencias edilicias o falta de equipamiento”, explicó Jorge Lo Cascio, economista y magíster en educación.
Gasto por alumno
El gasto por alumno permite contemplar cuánto se gasta en promedio para cada alumno del sector estatal. Es decir, al tomar el total del gasto educativo –excluyendo transferencias al sector privado– y dividirlo por el total de alumnos matriculados en el sector estatal, se puede contemplar la cantidad de recursos destinados relativo al tamaño del sistema educativo.
Al analizar las variaciones entre 2021 y 2004, se puede observar que para el nivel inicial y primario en su conjunto, la provincia que más aumentó su gasto por alumno del sector estatal fue Salta (174,7%) y la que más cayó fue Santa Cruz (-33,5%). En el nivel secundario, la que más aumentó su gasto por alumno fue La Pampa (309,7%), mientras que la única que cayó fue Chubut (-4%).
Pero este dato puede ser engañoso ya que los costos de vida son diferentes en cada jurisdicción. Por eso, se “corrigieron” los datos comparando el gasto con el salario promedio de cada lugar. Así, en 2021, en el nivel inicial y primario, las provincias que más gastaron según este indicador fueron Tierra del Fuego y La Rioja. En el otro extremo, se encontraron San Luis y Santa Cruz. Respecto del nivel secundario, La Rioja fue la que más gastó, seguida de Tierra del Fuego. Las que menos gastaron fueron Santa Cruz y Chubut.
Fuente: Josefina Gil Moreira, La Nación.