El dictamen de mayoría obtuvo 41 firmas y de minoría 37.
Ratificaron que insistirán con la sanción originaria de la Cámara de Diputados.
Desde el PRO, Pablo Tonelli afirmó que lo avalado por el Senado “ya está probado que no ha dado buenos resultados”. Al respecto, aclaró los principales objetivos de la norma que volverán a acompañar. “El plazo mínimo sea de dos años, que los ajustes puedan hacerse a partir de los cuatro meses, con la periodicidad convengan las partes, y que tengan la libertad de elegir entre varios de los índices o fórmulas que hemos propuesta en esa ley”, detalló.
Itaí Hagman (FdT) aseveró que “la discusión de dos contra tres años al único actor interesado de que los contratos sean más cortos son las inmobiliarias, no son los propietarios y muchos menos los inquilinos”. Con respecto a la norma del Senado remarcó que “es una solución superadora”, la cual aseguró que busca “mejorar el actual mecanismo de indexación al hacerlo por el valor más bajo entre inflación y salario, siendo mucho más razonable”.
Desde el mismo bloque, Eduardo Tonioli sostuvo que “lo que hizo el Senado fue restablecer un grado mínimo de racionalidad a esta discusión, tratando de darle respuesta a los inquilinos”.
En tanto, Karina Banfi (UCR) subrayó que “esta es una medida populista”, donde según consideró “ninguna de las dos partes involucradas está conforme con esta ley”. Son medidas electorales para dividir a la oposición”, fustigó, al tiempo que recalcó que “el problema está en la oferta”. “Esto se debe, principalmente, al intervencionismo estatal”, añadió. Y, concluyó acentuando que “nosotros defendemos a la gente, a los trabajadores y a los honestos”.
Por último, Federico Fagioli (FdT) criticó el proyecto que se aprobó en Diputados. “Este proyecto, que pretende que las partes se pongan de acuerdo, en realidad enriquece a un sector, busca que se beneficien los dueños, las inmobiliarias, los sectores que han concentrado la economía en la Argentina”.
El proyecto que aprobó el Senado establece que los contratos, que deberán pagarse en moneda nacional, serán tres años de plazo mínimo legal de locación con ajustes semestrales en lugar de anuales. Además, se aplicará el índice Casa Propia, que considera el menor índice entre la variación salarial y la inflación del último año. Y habrá incentivos impositivos para propietarios que alquilen sus viviendas.
Cabe recordar, que la norma que aprobó la Cámara de Diputados proponía que el plazo de los alquileres sea de dos años, con actualizaciones cada cuatro meses y libertad para definir el índice entre las partes.