Julio Iglesias presentó en el Tribunal Supremo una demanda contra Yolanda Díaz por presunta intromisión ilegítima en su honor y su intimidad personal, y le reclama 50.000 euros por daño moral, retractación pública y el pago de las costas por sus declaraciones vinculadas a la denuncia por abuso sexual que finalmente acabó archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La demanda, firmada por el abogado José Antonio Choclán, se dirigió a la Sala de lo Civil del alto tribunal porque la vicepresidenta segunda está aforada. El escrito sostiene que Díaz difundió “claros prejuicios de culpabilidad” primero en la red social Bluesky y después en una entrevista en La Hora de la 1, en Televisión Española, el pasado mes de enero.
El cantante pide que la vicepresidenta reconozca que sus manifestaciones constituyeron “una intromisión ilegítima en el derecho al honor” de Iglesias. La reclamación civil se suma a la demanda de conciliación que el artista presentó en febrero por comentarios que calificó de “injuriosos y calumniosos”. El origen del conflicto está en las manifestaciones de Díaz a raíz de la denuncia de dos exempleadas contra el cantante por presuntos delitos de abuso sexual.
Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz
En la demanda, a la que han tenido acceso EFE, la defensa de Iglesias sostiene que la vicepresidenta atribuyó al artista hechos que implicaban abusos sexuales, explotación laboral y vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales. El escrito afirma que esas palabras dañaron no solo su presunción de inocencia, sino también su intimidad personal y su honor.
Según recoge OkDiario, Yolanda Díaz, como “alto cargo público del Estado”, trasladó a la opinión pública la idea de que en la casa del cantante “se cometían abusos sexuales”, que los trabajadores estaban “en régimen de esclavitud” y que se vulneraban de forma sistemática sus derechos fundamentales. La demanda añade que, cuando se hicieron esas afirmaciones, no existía ningún procedimiento judicial abierto y solo había diligencias de investigación en Fiscalía.
La defensa del artista subraya además que los hechos atribuidos eran “objetivamente graves” y aptos para menoscabar “gravemente el honor, la intimidad, la imagen y la integridad psíquica” de su representado. Por eso solicita un juicio ordinario de protección civil del derecho al honor. En paralelo, Iglesias ha presentado en los juzgados de Madrid una querella penal contra elDiario.es por presuntos delitos de injurias con publicidad, calumnias y un delito contra la integridad moral.
Julio Iglesias, en imagen de archivo (Europa Press)
Las acciones legales de Julio Iglesias
La acción va dirigida contra la mercantil editora del periódico, su director Ignacio Escolar, los subdirectores Juan Luis Sánchez y María Ramírez, y las redactoras Ana Requena y Elena María Cabrera. La querella sostiene que existió “una acción concertada” entre varias personas, algunas “ajenas a la profesión de periodista”, para crear y difundir informaciones “inveraces” y opiniones “gravemente difamantes, injuriosas y calumniosas” con impacto nacional e internacional.
El cantante considera que esas publicaciones buscaban menoscabar su imagen pública y minar su reputación. El documento atribuye al medio haber participado en la promoción y confección de la denuncia y haber difundido hechos “manipulando la información, reelaborando y recreando supuestas declaraciones de las víctimas de delitos graves, que no se identifican”. La defensa habla de una “campaña de desprestigio y linchamiento mediático” desarrollada en días sucesivos para intensificar el daño.
Julio Iglesias, en imagen de archivo (Europa Press)
Entre las diligencias que solicita, el cantante pide que declaren los querellados y que comparezcan como testigos las actrices profesionales utilizadas por el medio para recrear las manifestaciones de las denunciantes. También reclama que el medio aporte documentación sobre la difusión y el alcance mediático de todas las informaciones publicadas sobre él para preparar una prueba pericial sobre el impacto mediático de esas publicaciones y el daño reputacional sufrido por el artista.
Fuente: Infobae