La Audiencia Nacional de España admitió la querella contra Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante

El juez Antonio Piña investigará al cantante tras una denuncia de dos extrabajadoras y las cita a declarar el próximo 3 de febrero.

El caso impulsado contra el cantante Julio Iglesias por presunta agresión sexual a dos extrabajadoras ha dado un vuelco total. El magistrado Antonio Piña, instructor de la Audiencia Nacional, ha admitido finalmente la querella presentada contra el artista y ha aceptado investigarlo por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.

El juez ha citado a declarar a las dos exempleadas de forma presencial el próximo 3 de febrero, tras concluir que tiene competencia para indagar en esas acusaciones. Una postura que adopta después de que la Fiscalía cambiase de criterio y, a través de un escrito remitido en octubre, informase a favor de impulsar estas pesquisas —pese a que en enero había archivado unas sobre lo mismo al considerar que se escapaban a su jurisdicción por abordar presuntos hechos perpetrados en el extranjero—. Piña no se pronuncia, de momento, sobre una citación de Iglesias para declarar.

“El archivo fiscal no equivale a un sobreseimiento judicial ni produce por sí mismo cosa juzgada”, incide el magistrado Piña, que argumenta que el material aportado resulta suficiente para “iniciar” unas pesquisas penales. En ese sentido, un comunicado de la Audiencia Nacional subraya que, junto a los testimonios, se ha facilitado una fotografía de una de las trabajadoras, “acreditativa de un moratón en uno de los brazos, compatible con la posibilidad de ser agarrada con fuerza”; y donde también “se aprecia, sobre uno de los muslos, dos marcas que pueden corresponderse con la mordedura de una persona”. “La querella indica que son consecuencia de la participación a que se le obligaba en actos de contenido sexual”, apunta.

Para respaldar su decisión, el juez hace hincapié en lo siguiente: “En los delitos de agresión sexual no podemos desconocer, y además compartimos plenamente, la relevancia que presenta la declaración de la víctima en la investigación y acreditación de aquellos delitos que, por ser realizados en un ámbito de intimidad, carecen de testigos directos de los hechos”. Sobre la existencia de mensajes de WhatsApp de las denunciantes que supuestamente evidencian un afecto hacia el cantante posterior a la presunta agresión, publicados por Iglesias para contradecir la versión difundida contra él, el magistrado añade que estos no demuestran que no pueda haber “reproches expresos” en otras comunicaciones. Y por tanto, según apostilla el instructor, deberá “contrastarse” todo ello “con el conjunto de la relación y las explicaciones de las intervinientes”.

Dos extrabajadoras del cantante español, que tiene una de sus residencias principales en República Dominicana, denunciaron que la supuesta actuación ilícita del artista se produjo en 2021 en ese país y en Bahamas. A través de la organización Women’s Link Worldwide, ambas presentaron en enero de 2026 una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que les tomó declaración tras abrir unas “diligencias preprocesales” (una especie de investigación previa para analizar si tenía competencia para asumir el caso). Pero el ministerio público decidió archivar sus pesquisas al concluir que carecía de competencia para seguir adelante porque no existían “vínculos relevantes” con España. Expuso que los supuestos delitos se produjeron en el extranjero; las denunciantes no tienen relación con España y el denunciado no se encuentra aquí. Los testimonios de ambas trabajadoras forman parte de una investigación realizada por eldiario.es y Univisión.

Sin embargo, tras dicho revés, Women’s Link Worldwide informó el pasado septiembre de que había decidido acudir ahora a los juzgados de la Audiencia Nacional y querellarse directamente contra el artista por supuestos delitos de “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante; y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas”. Una iniciativa que ha aceptado parcialmente el juez Piña, que ha admitido investigar delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante; pero no de trata de seres humanos y delitos contra los derechos de los trabajadores.

En su resolución de este miércoles, Piña sostiene que tiene competencia para investigar los primeros delitos, atendiendo a la nacionalidad española del cantante. Aunque, a su vez, el magistrado admite que la querella contiene “importantes lagunas en la narración de los hechos, así como omisiones” sobre la supuesta participación de otras dos empleadas de Iglesias en la comisión de los delitos (las llamadas “house managers” [“gobernantas”, en castellano]); para favorecer que los tribunales españoles asuman el caso, ya que estas dos gobernantas son extranjeras. Paralelamente, el instructor rechaza otorgar a las denunciantes la condición de testigos protegidos —“no se aporta elemento en concreto que ponga de manifiesto la especial situación de peligro exigida por la ley”—, ni decretar una orden de alejamiento.

Tras el giro de la Fiscalía del pasado octubre, Women’s Link Worldwide ya celebró ese cambio de postura: “Es un paso adelante en el camino hacia el acceso a la justicia para Rebeca y Laura (nombres ficticios)”, dijo la ONG. “Esta decisión y la fortaleza de Rebeca y Laura envían un mensaje muy claro a todas las mujeres y específicamente a las mujeres trabajadoras del hogar que estén considerando presentar una denuncia. El derecho a acceder a la justicia y a que se investiguen los hechos denunciados, sin importar quién sea la persona denunciada, debe ser garantizado y protegido por el Estado”, subrayó Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de la organización.

Ni “engaño” ni “artificio”

Al descartar el delito de trata, el magistrado insiste en que Iglesias contrató a las mujeres sin utilizar ningún “engaño ni artificio”. Tampoco se observa “una situación de vulnerabilidad” de las extrabajadoras: “Su situación laboral no era diferente a la de sus compatriotas y no por ello consideramos a todo el país en situación de vulnerabilidad. No hay un aprovechamiento de la precariedad laboral”. “El salario que se le ofrece dobla en su importe el salario mínimo establecido en 2021 en República Dominicana para los trabajadores de grandes empresas e, incluso, se puede afirmar que triplica el estimado para el servicio doméstico”, ahonda el juez al analizar la situación de una de las empleadas, sobre la que añade: “No se le retiró el pasaporte ni se le restringieron las comunicaciones”.

El juez de la Audiencia Nacional también rechazar indagar en un delito contra los derechos de los trabajadores porque, según recuerda, la legislación de Bahamas y República Dominicana carece de un tipo penal asimilable. La normativa española sólo permite perseguir los hechos si también se consideran delito en el país donde supuestamente se cometieron.

La contraofensiva del artista

Según la investigación periodística de eldiario.es y Univision, ambas mujeres detallaron que padecieron agresiones sexuales en 2021 en las propiedades de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas; y añadieron que recibían insultos durante su jornada laboral. Una exempleada del servicio doméstico relató que fue presionada para mantener encuentros sexuales; y una fisioterapeuta aseguró que sufrió tocamientos. Sin embargo, desde que estalló el escándalo, el cantante ha negado siempre todas las acusaciones y ha insistido en “la absoluta falsedad de los hechos denunciados”.

Es más, el artista lanzó una contraofensiva en los tribunales. Una jueza de Madrid admitió a trámite una querella de Iglesias contra eldiario.es por sus informaciones, según contó el propio periódico, y citó a declarar el próximo diciembre como imputados a su director, Ignacio Escolar, y a otros cuatro periodistas por delitos de injurias con publicidad, calumnias y contra la integridad moral.

A su vez, el cantante demandó a la vicepresidenta Yolanda Díaz ante el Tribunal Supremo por hacerse eco del caso. La integrante del Gobierno escribió en sus redes sociales: “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas por denunciarlo”. Y en TVE, la política afirmó: “Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”. La denuncia fue rechazada por el Supremo, ante el que se encuentra aforada Díaz, por falta de competencia, al no estar sus palabras vinculadas al ejercicio de su cargo.

Fuente: EL País